Qué hacer para mejorarlas las pensiones en el Perú

Autor: Jacqueline Estrada Polar

jestrada@mundonegocio.pe

 

El  49,8% de la población económicamente activa (PEA) no está afiliado a ningún sistema de pensiones, es decir que alrededor de 8.5 millones de trabajadores al cumplir los 65 años no tendrían cómo financiar su vejez, invalidez o sobrevivencia. Así lo identifico el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

En el 2018 el número de afiliados en el sistema de pensiones fue de 8.6 millones, lo que representó el 50.2% de la PEA, siendo el sistema privado de pensiones ( SPP)- formado por cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)- el que concentra el mayor número de aportantes con 7 millones.

En el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que tiene a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la cifra llega a 1.5 millones de afiliados.

Pensiones bajas

Según la CCL, el sistema previsional peruano, tanto en el sector privado como público, ofrece a sus afiliados bajas pensiones que distan de otras economías desarrolladas. Por ejemplo, la pensión máxima en el sistema previsional público es de S/857 y la mínima de S/415, el cual exige el aporte mínimo de 20 años además de haber cumplido 65 años de edad.

En el SPP, la pensión promedio de jubilación es de S/1,037. Ello se debe a que, pese al alto número de aportantes, los trabajadores que cotizan representan una cifra menor.

“Es decir que los trabajadores que efectivamente aportan mes a mes no superan los 3 millones, con lo cual su pensión de jubilación tiende a ser baja. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el número de cotizantes apenas alcanza el 18.1% de la PEA”, señaló César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL.

Una menor pensión se debe también a la presencia de trabajadores que realizan cotizaciones esporádicas, quienes superan los 4 millones y tienen menores ingresos. Y, no menos importante, es cómo hacer para que los trabajadores informales (74%) aporten a un sistema de pensiones.

Otro tema que también afecta al sistema de pensiones es la entrada en vigencia de la ley que permite el retiro de hasta el 95.5% del fondo de pensiones. Ello llevó a que muchas personas, tras encontrarse desempleadas por un año, se acogieran al Régimen de Jubilación Anticipada (REJA), disminuyendo así la edad efectiva de jubilación a 59 años.

Para el economista Juan Carlos Ocampo de director de Mundo negocio una pensión baja se debe a que existe una población de aportantes que lo hace en forma esporádica y otra que aporta en forma  continua.  Un trabajador luego de los 40 años se le hace difícil conseguir empleo, si estuvo aportando a más temprana edad, al llegar a la edad de jubilación obtiene una pensión baja.

Por otro lado está el alto nivel de informalidad, el 75% de la PEA quienes no aportan al sistema privado de pensiones; de este grupo de trabajadores muchos de ellos estuvieron en el sector formal por pocos años y esto les lleva a una pensión muy baja, lo cual hace caer el promedio de pensiones en el sistema privado.

Del mismo modo  el retiro del 95.5% de la jubilación hace que la pensión se reduzca, dado que el trabajador estaba retirando parte de su fondo al estar desempleado o retira un monto considerable para atender necesidades de su familia y el saldo disponible lo lleva a una baja pensión.

¿Qué se debe hacer?

En este contexto, el economista César Peñaranda, afirmó que “se necesitan reformas efectivas que reajusten el sistema previsional, considerando las bajas pensiones y cobertura del sistema actual”.

Añadió que, paralelamente, se debe buscar la manera de cómo aumentar la productividad empresarial y laboral en el país para generar mayor empleo, a la par con ingresos más altos, a fin de propender en el mediano-largo plazo alcanzar niveles similares a países desarrollados como Holanda y Dinamarca, economías con mejores sistemas de pensiones a nivel global.

“Estos países cuentan con una alta presión tributaria, de 38.8% y 46.4% del PBI, respectivamente, siendo su economía informal apenas el 10.8% y 18.6% del PBI, muy contrario a Perú que cuenta con una presión tributaria de apenas 14.5% y una economía informal que alcanza el 52.4% del PBI”, anotó Peñaranda.

Para el  economista Juan Carlos Ocampo  el empresario  requiere de incentivos que lo lleven a una mayor rentabilidad, esto implica desarrollar políticas públicas que reduzcan sus costos y aliente la contratación de trabajadores en planilla.

Igualmente sugirió que la política pública debe  considerar los pagos de capacitaciones como gastos para reducir el pago del impuesto a la renta.  Además una mayor capacitación por parte de Sunat hacia las  micro y pequeñas empresas en lo referido a la declaración de impuestos. Así como una mayor información y difusión de las compras del Estado para aumentar las ventas de las micro y pequeñas empresas con lo cual requieran de más trabajadores en planilla.

 

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